San F del V. de
Catamarca, 10 de febrero de 2012
La Asociación Civil Be
Pe repudia enérgicamente la brutal represión llevada a cabo por los
efectivos de la Guardia de Infantería de la provincia de Catamarca esta mañana,
durante el operativo de desalojo al bloqueo selectivo a los
camiones de Minera Alumbrera que vecinos del departamento de Tinogasta,
llevaban a cabo en la Ruta 60 desde hace días. El desalojo
efectivizado a través de la represión y la violencia, con balas de goma y
el uso de gases ha ocasionado una cantidad de compañeros y
compañeras heridos.
Este accionar se repite
insistentemente de manera lamentable. Hacia finales del mes de enero, fueron
los vecinos de Santa María quienes sufrieron la acción represiva, hace solo unos días las victimas fueron los vecinos de Belén.
Y mientras escribimos este comunicado, están siendo reprimidos los vecinos de
la localidad de Amaicha del Valle en la provincia de Tucumán y se escuchan las
primeras informaciones sobre la posible represión en Andalgala
Como organización
comprometida con la lucha los sectores populares de nuestra región, queremos
expresar que nos sentimos indignados cuando la única respuesta del gobierno
provincial a los reclamos de los vecinos y organizaciones que desde hace años
venimos luchando por la defensa de nuestro territorio ha sido la represión para
nosotr@s y la protección para los responsables del saqueo y la depredación de
nuestra provincia.
También nos llena de
preocupación la naturalidad con que las autoridades utilizan de manera
creciente, este tipo de herramienta para resolver conflictos
sociales enraizados en la falta, omisión o violación de los más sentidos derechos
de los pueblos y comunidades, como el de una vivienda, el derecho a
la tierra o el agua.
Repudiamos también el
accionar de los empresarios que con presiones y amenazas violan la conciencia,
la voluntad y la determinación de las comunidades cuando definen confrontar en
defensa de sus derechos.
Lo hacemos desde nuestra
propia experiencia cuando afirmamos que la minería transnacional, la minería a
gran escala tal como la conocemos en nuestro pais, genera resistencias
populares, por los devastadores impactos a todo nivel ya que va acompañada de
voladura de cerros enteros, la destrucción de acuíferos y ecosistemas, y el
consumo descomunal de agua y energía. Este es un paisaje que se repite en toda
América Latina, solo vasta con recorrer las informaciones de prensa para poder
corroborarlo.
El conflicto es
indudablemente una expresión de voluntades que manifiestan diferentes modelos
de concebir, entender y encausar el deseo de Justicia y Dignidad para nuestras
vidas. La resolución de las diferencias, no será a los palos, o por lo menos
como educadores populares no entendemos que pueda darse de esa manera.
Lamentamos que el nuevo gobierno sólo haya abierto instancias de diálogo con
los intereses corporativos de la gran minería, dejando fuera de todo debate a
las organizaciones, sectores y comunidades que objetan este tipo de
minería.
Creemos imprescindible que
desde el Gobierno provincial se asuma la conflictividad estructural que provoca
el “modelo minero” de desarrollo en la provincia; que si no se crean canales
institucionales de debate sobre esta actividad, se terminará de hecho
intensificando los episodios de violencia y represión.
Como educadores populares
sentimos lealtad por las enseñanzas de nuestro Maestro Pablo Freire, que nos
dice: “Yo diría a ustedes,
mis amigos y amigas, que una cosa que yo he repetido siempre, que uno
hace primero lo que es posible, y no lo que
le gustaría hacer..... Pero, inmediatamente yo hablo de
la necesidad de viabilizar lo inviable, lo que
significa una pelea permanente para cumplir lo posible ya, y
trabajar en el sentido de tornar posible lo que parece
imposible”.
Reclamamos:
·
¡Liberación y cierre de
las causas a los asambleístas detenidos!
·
Total esclarecimiento de las
responsabilidades en relación al accionar de las fuerzas policiales y de
gendarmería.
·
El
establecimiento de una urgente moratoria provisional sobre todo mega-proyecto
minero, desde los que están en fase de exploración, hasta los que están en
estado de explotación.
·
La
realización de una profunda investigación judicial e integral sobre los
impactos ecológicos, económicos, políticos y culturales de Minera Alumbrera, y
la delimitación de sus eventuales responsabilidades judiciales.
·
La
convocatoria a una urgente y ecuánime instancia de diálogo social que garantice
la expresión y la consideración de las poblaciones afectadas.
·
La
revisión y modificación del marco legal heredados de las leyes mineras de los
’90, empezando por una des-adhesión de la Provincia al régimen minero nacional
y la prohibición de mega-explotaciones de minería metalífera a cielo abierto en
el territorio provincial.
Claudia Martínez
Directora de Be
Pe
DNI 16.193.777
